Andalucía, que repartirá hasta febrero 173.595 ordenadores en centros públicos y concertados, ha destinado este año 80 millones de euros al programa. Sólo Madrid, Murcia y Valencia gobernadas por el PP han rechazado el convenio. La excusa del Gobierno de Camps llegó a suscitar la risa de muchos oftalmólogos: unos ordenadores tan pequeños generan miopía, alegó Alejandro Font de Mora, el conseller que apostó por impartir Ciudadanía en inglés. Y ayer, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, empozoñó aún más el Plan 2.0 al pedir «menos portátiles y menos demagogia».